Pymes de biodiesel reclamaron la prórroga de la ley que regula y promociona la producción

Las empresas nucleadas en la CEPREB responsabilizaron al "lobby petrolero" de poner trabas en la prórroga de la Ley 26.093 ya que "no tienen ningún interés en promover la diversificación de la matriz energética, ni la producción de combustibles más amigables con el medio ambiente".

Ante la “desgastante demora” en el tratamiento de la prórroga de la ley por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, y ante las múltiples versiones de proyectos diferentes o modificaciones que circulan en los medios de comunicación, la entidad se pronunció este lunes.

“La Ley 26.093, establecida por el Estado argentino en 2006 y aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores el 30 de octubre de 2020, tiene todos los elementos virtuosos de una política pública establecida con visión de futuro cuya continuidad peligra por la incertidumbre del lobby petrolero y su influencia en la gestión parlamentaria”, manifestó la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).

La entidad sostuvo que “ha demostrado en todos estos años, con creces, una influencia positiva en aspectos socio-económicos como el empleo, la promoción de combustibles amigables con el medioambiente, el fomento de las industrias pymes nacionales, la federalización y el desarrollo económico de pequeñas comunidades vinculadas con la instalación de plantas productivas”.

En San Luis, la empresa Diaser fabrica biodiésel y bioetanol en San Luis. Tiene plantas en San Luis y Villa Mercedes.

“Más de 30 mil trabajadores y familias del interior del país dependen actualmente de unas 30 plantas productivas que se construyeron al abrigo de este régimen, generando un fenomenal impacto en el desarrollo de las comunidades vecinas a dichos centros productivos”, señalaron desde la cámara.

La Ley 26.093 estableció un marco regulatorio para las industrias pymes nacionales que de “ninguna manera constituye una actividad subsidiada ni representa ninguna carga para dicho estado nacional, como intentan instalar, algunos sectores que cuentan con un poderosísimo lobby”, afirmaron desde la CEPREB.  Y consideraron que “esta conducta mezquina solo busca proteger sus propios intereses económicos y no tiene ningún interés en promover la diversificación de la matriz energética, ni la producción de combustibles más amigables con el medio ambiente”.

Esa norma ordenó, entre otras cosas, que todos los gasoiles y naftas que se vendan en la Argentina debían tener un componente determinado de biodiesel, que otorga una mayor limpieza en términos ambientales. A su vez concedió incentivos fiscales para desarrollar la industria local y las economías regionales.

“Cualquier modificación o cambio que atienda los intereses de este sector, claramente irán contra el espíritu original de la ley y atentarán contra las posibilidades de supervivencia de las pymes y contra la continuidad de todos los beneficios que la ley ha promovido desde su implementación”, afirmaron.